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Estatuto Vs Referendum

MIQUEL ROCA I JUNYENT - 31/01/2006


Es lógico e incluso positivo que la Constitución permita lecturas e interpretaciones diversas. Los ciudadanos tienen derecho a integrar en el ejercicio de su derecho a la libre opinión el propio contenido de la Constitución. Y por ello es tan frecuente encontrarse con polémicas sobre si tal o cual disposición, actitud o comportamiento es o no constitucional. En consecuencia, la discrepancia sobre esta cuestión no tiene por qué escandalizar; es normal y buen reflejo de la salud democrática de un país.

Pero, precisamente por ello, los estados democráticos suelen tener un Tribunal Constitucional al que atribuyen la función de la interpretación última y exclusiva de lo que la Constitución permite y ampara. Las opiniones no son nada más que esto, opiniones; la afirmación de lo que sea realmente constitucional o no corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional. Éste es el caso de España.

Por eso sorprende que, para defender -según se dice- la Constitución, lo que ahora pretenda el Partido Popular es ignorarla. Su pretendida decisión de intentar convocar un referéndum para que sean todos los ciudadanos los que decidan sobre si tal o cual disposición del proyecto de Estatut es o no constitucional es una pretensión simplemente inconstitucional. A no ser que se reforme la Constitución y se decida archivar el Tribunal Constitucional, un referéndum no puede sustituir la competencia de éste ni coaccionar el libre ejercicio de su función.

Pero es que, además, dicho referéndum se dirige a trasladar al conjunto de la ciudadanía una decisión que la Constitución reserva expresa y exclusivamente a los ciudadanos de Cataluña. ¿Por qué vulnerar la Constitución cuando lo que se dice es que se pretende defenderla? Las Cortes Generales, como representación de todo el pueblo español, son las llamadas a aprobar el proyecto de Estatut y son los ciudadanos de Catalunya los que, en última instancia, deben decidir si aceptan o no este nuevo marco de su autogobierno. Esto es lo que la Constitución dice y así debe cumplirse.

Pero es que, además, el Estatut es, jurídicamente, una ley orgánica. Y sobre el contenido de éstas, de manera expresa, la Constitución no permite referéndum alguno. Así, la iniciativa del Partido Popular no tiene ninguna finalidad ni constitucionalmente amparada ni permisible. ¿Qué se quiere, pues? Será algo políticamente legítimo o incluso, desde una perspectiva partidista, muy interesante. Pero no encaja en la Constitución ni la sirve.

Va, simplemente, en contra de ella. Y esto no es posible.

posted by Jorfe @ 09:37